El dilema de decidir sobre qué y cómo decir

 

Por César Astudillo

 

iclo institucional de 30 años, transcurridos desde la reforma constitucional de 1987 que inició el proceso de transformación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un Tribunal Constitucional, nos invita a reflexionar sobre los logros alcanzados por la Corte bajo esa nueva identidad, pero también a advertir los obstáculos que al día de hoy impiden su adecuado desenvolvimiento como custodio de la regularidad del ordenamiento jurídico, árbitro de las disputas en el ejercicio del poder, garante de los derechos y libertades de las personas y protector de la salud de nuestro sistema democrático.

 

Derivado de lo anterior, el objetivo de esta contribución busca analizar si el marco competencia, la estructura institucional y el funcionamiento interno de la SCJN se encuentran orientados a lo que se ha esperado de ella en las últimas décadas, o si, en cambio, se mantienen defectos o ineficiencias que han restringido su concretización.

 

En la búsqueda de los factores y condicionamientos que han ralentizado, detenido o postergado el eficaz desempeño de la SCJN se identificaran las reglas formales e informales que amalgamadas, han erigido incentivos capaces de condicionar la acción de los integrantes del Pleno. El pluralismo de visiones que ahí se congrega, la manera en que se agrupan sus ministros, la disposición que muestran para obtener decisiones ampliamente compartidas, el esquema en el que deliberan, la dinámica bajo la que votan y la forma en que se exteriorizan sus discrepancias, dicen mucho de la actitud con la que cada uno de sus integrantes asumen su función, y revela la capacidad de la SCJN para moverse íntegramente en una determinada dirección.

 

Todas esas condicionantes han generado diversas tensiones en la forma en que la SCJN, en Pleno o en salas, ejerce su función constitucional, demostrando que entre sus ministros conviven visiones, expectativas e intereses distintos, lo cual desvela la existencia de cuestiones abiertas e indefinidas que no han logrado consolidar directrices de consenso sobre la orientación institucional que busca asumir de cada a un nuevo ciclo histórico, a la que deban conformarse  sólidamente todos sus integrantes.

 

La constatación de tendencias, resistencias e identificaciones, a 30 años de distancia, vuelve a abrir el añejo debate en torno a la necesidad de una nueva reforma que delimite con mayor precisión el núcleo esencial de la competencia constitucional de la Suprema Corte o, en el extremo, que impulse el tránsito definitivo hacia la identificación de un auténtico Tribunal Constitucional.

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