NUEVA JUSTICIA LABORAL

Para las y los juzgadores hidalguenses, 
en el Día del Juez Mexicano.
por Raúl Arroyo*
La reforma laboral va. Debe entenderse en su conjunto como una apuesta a la modernización de las relaciones entre los factores de la producción en favor de la economía, en tanto establece nuevas fórmulas para alcanzar el equilibrio entre capital y trabajo, y llega hasta la democratización sindical, pasando por la justicia laboral, aspecto este último inscrito en el concepto de Justicia Cotidiana; y por el cual se le ha identificado, reduciendo indebidamente su trascendencia a la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje. 
Ese tránsito de la impartición de justicia en aquellos tribunales administrativos con facultades jurisdiccionales, al Poder Judicial, sin duda abona al principio de unicidad que en nuestro país no acaba de concretarse. Recuérdese la incorporación-desincorporación de los tribunales electorales al poder público facultado para impartir justicia, conforme a los vaivenes de la política nacional. Esta misma reforma quedó incompleta al omitir la adhesión al gran sistema jurisdiccional, de los tribunales laborales burocráticos que mantendrán su condición de administrativos, con el mismo modelo tripartita ahora tan cuestionado. Cabe preguntarse si su funcionamiento no está igualmente contaminado como el de las juntas por su pertenencia al Poder Ejecutivo.
Desde el mirador federalista la reforma se inscribe en esa oleada que ha disminuido las facultades de las entidades federativas y en consecuencia desdibujado el federalismo. Lo confirma la nueva competencia federal exclusiva señalada con el número 1, del añadido inciso C a la fracción XXXI, del apartado A del artículo 123 constitucional: El registro de todos los contratos colectivos de trabajo y las organizaciones sindicales, así como todos los procesos administrativos relacionados; del cual se encargará el organismo nacional descentralizado, responsable igualmente de conducir la etapa conciliatoria obligatoria, en el ámbito federal.
Lo reafirma la disposición transitoria de transferir los procedimientos en trámite en las juntas de conciliación hacia los juzgados del poder judicial, sin ninguna posibilidad de hacerlo conforme a sus condiciones particulares, materiales y presupuestarias. Lo anterior sin desconocer las posibles implicaciones de inconstitucionalidad.
Con independencia de la evidente problemática que afrontan las entidades federativas para dar cumplimiento en el término de un año, contado a partir del 25 de febrero inmediato anterior, donde estarán incluidos: el proceso legislativo de armonización de las leyes locales con las respectivas disposiciones constitucionales; la organización e instalación física de las instancias jurisdiccionales; la selección de jueces/zas de lo laboral; la capacitación del personal necesario para su funcionamiento; el traslado a los juzgados de los procesos en curso en las juntas de conciliación y arbitraje; el traspaso de los registros sindicales y contractuales a la instancia federal; el trámite de cierre de las juntas; y, fundamental, la obtención de recursos para hacerlo; independientemente de todo ello habrá de cuidarse la prevalencia del sentido social de nuestro derecho laboral. En lo práctico habrá que considerar, por ejemplo, la permanencia de la defensa gratuita de las/os trabajadores, hasta ahora en manos de las procuradurías de la defensa del trabajo, y en caso de acordarse también su desaparición y la transmisión de sus funciones a la defensoría de oficio, mantener su carácter especializado.
En lo inmaterial deberá trabajarse en permear la lógica del funcionamiento del poder judicial entre las/os justiciables y la abogacía litigante; y, de igual manera, los valores del derecho laboral mexicano entre las/os juzgadores, así como la aplicación de las disposiciones internacionales en la materia. De gran utilidad será adentrarse en la añeja experiencia de los países iberoamericanos donde la justicia laboral se imparte desde el poder judicial, asimilar sus buenas prácticas y evitar posibles vicios. De la adecuada organización y eficaz funcionamiento de la instancia conciliatoria, que la reforma mantiene vinculada al Poder Ejecutivo, dependerá un decantamiento que hará llegar al Judicial solo aquellos asuntos de irremediable litigio, lo cual puede generar mayor calidad en su trámite y resolución. 
Para el Poder Judicial esta es una oportunidad de innovar, sin perder de vista la naturaleza propia de quienes le demandarán justicia laboral, ni las repercusiones de sus sentencias en la economía regional. Esto es, provocando que sus nuevas instancias actúen como auténticos tribunales de lo social, conforme la definición utilizada en la iniciativa presidencial de la reforma constitucional ahora en marcha.