Raúl ARROYO
El antecedente más cercano fue en 1994 cuando el presidente Ernesto Zedillo propuso e inició en el Senado del Congreso de la Unión una reforma judicial, hasta entonces la de mayor calado. Tuvo esa iniciativa dos desventajas: el entorno de la grave crisis económica de aquel diciembre la alejó del interés ciudadano; y una descalificación severa por la percepción de un supuesto ánimo presidencial intrusivo en el Poder Judicial.
Al interior la reforma impactó la estructura e integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: redujo el número de 26 a 11 ministros, se les sustituyó mediante un nuevo procedimiento senatorial con relevo escalonado, y varió la estructura de sus salas. Por la forma y el tiempo que llevó ese proceso sustitutivo, hubo quien vio en ello un golpe de Estado o, cuando menos, un cambio traumático.
Además, la reforma introdujo la figura del Consejo de la Judicatura para entregarle la administración judicial, incluida la facultad de nombrar y adscribir jueces de distrito y magistrados de circuito. De institución exótica y extranjerizante se le calificó entonces, sin que se entendieran bien a bien su composición ni funcionamiento.
Fue aquel un proceso renovador e innovador para la judicatura federal, y también para la vida jurídica mexicana, particularmente para su abogacía, pues la reforma incluyó, además de aquellos cambios al Poder Judicial de la Federación, nuevos procedimientos que empezaron a modificar los equilibrios en el sistema federal de la República: las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad cobraron notable relevancia y abonaron a la jurisdicción constitucional del máximo tribunal.
La reforma alcanzó también al Juicio de Amparo, al Ministerio Público cuyas resoluciones sobre el no ejercicio y desistimiento de la acción penal se hicieron impugnables; y a los poderes judiciales de los estados. Fue una transformación con muchos positivos. El tiempo produjo otros negativos; transcurridos 26 años motivaron la que ahora está en proceso legislativo.
De igual naturaleza, la iniciativa de reforma constitucional en materia judicial apenas aprobada en la Cámara de Senadores tiene origen diferente. Fue conformada en el Poder Judicial a partir de su autodiagnóstico, fórmula inteligente de adelanto a situaciones de riesgo. De ahí el nombre para identificarla: Con y para el Poder Judicial. El trámite por demás significativo, fue el envío a la cámara de origen por el titular del Ejecutivo en ejercicio de su derecho de iniciar el proceso legislativo del que el Judicial carece. Y digo que es significativo pues con ese hecho debe entenderse la identificación de sus objetivos y sentido técnico jurídico con la visión transformadora del presidente de la República.
Va para su discusión a la Cámara de Diputados una iniciativa aprobada en la colegisladora que corre fundamentalmente sobre dos rieles: uno la dirige a corregir señaladas debilidades que apuntan a prácticas de nepotismo en el ingreso, promoción y permanencia de las y los servidores públicos judiciales. Remontar eso vicios sabidos, señalados y aceptados públicamente por el propio representante del Poder Judicial, se propone a través del fortalecimiento a la carrera judicial, ingreso por oposición, ascenso por méritos y equidad de género; todo mediante una gran apuesta al fortalecimiento de la Escuela Federal de Formación Judicial.
El otro riel reformador conduce a modificaciones jurídicas de fondo: un sistema de precedentes que modifica el de creación de Jurisprudencia, con la eliminación de la añeja fórmula de cinco sentencias en un mismo sentido; las contradicciones de tesis resueltas por Plenos regionales, las controversias constitucionales por omisión de la autoridad y, la conversión de los tribunales unitarios en colegiados de apelación.
Un aspecto más que aborda la reforma es el fortalecimiento a una institución fundamental para asegurar el respeto a los derechos de las y los justiciables: el Instituto de la Defensoría Pública
Cuando en febrero de este año se hizo público el proyecto de reforma, Miguel Carbonell subrayó su trascendencia calificándola de revolución judicial (El Universal 13/02/2020) y llamó a las entidades federativas a intentar lo mismo en su ámbito para la justicia local. Ahí está la convocatoria.
Para el ministro Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte, la reforma consolidará la modernización hacia una justicia más cercana, sensible y profesional en beneficio de los derechos humanos de todas las personas. (Tw fijado @ArturoZaldivarL)
Lamentablemente esta reforma también se procesa en medio de una situación adversa para la población quien padece otras preocupaciones.
02/DICIEMBRE/2020