Raúl ARROYO
Agredido a golpe de leyes generales y decisiones descaradamente centralistas, el sistema federa i mexicano está atrofiado en su funcionamiento y políticamente desdibujado. El diseño constitucional de la República hace agua ante la perspectiva contradictoria de la federación y la particular de las entidades federativas. Añadida a esa realidad está la pandemia que ya cobró más de setenta mil vidas al país y mantiene a prueba la articulación de los tres órdenes de gobierno para gestionar su contención.
Cuando menos tres hechos recientes advierten la necesidad de inscribir el problema en la agenda nacional: el éxodo en la conferencia nacional de gobernadores, CONAGO; la distribución de recursos en el proyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio 2021; y la disputa por el agua en Chihuahua. El desencuentro apunta a la precariedad de coincidencias y acuerdos entre el ejecutivo federal y un grupo de gobernadores -todos de signo opositor-, entre quienes se cuentan los de algunos estados con mayor potencial económico en el norte y el bajío. Evidentes la ausencia de política y otro raspón al pacto. Previsible una fractura innecesaria de la que nadie obtendrá beneficio.
Por cuanto al reparto de dinero público, el tema está en la posible disminución del que se destine a proyectos locales después del autorizado a los programas sociales -ahora de base constitucional- y a las obras insignia del gobierno nacional. Dada la conformación de la cámara de diputados se vislumbra un impacto poco favorable para las regiones en sus posibilidades de inversión.
El conflicto en la presa la boquilla es el tercero, tristemente trágico: además de cobrar una vida humana dejó en entredicho la actuación de la novel guardia nacional ante la protesta de los agricultores norteños; colocó en situación defensiva al gobierno estatal y accionó a la fiscalía de la entidad por posibles responsabilidades pe na les de la institución policial federal.
Como en muchas otras, el denominador común en estas tensiones es la disfunción histórica del modelo federal mexicano originada por el avasallamiento desde el centro de una voluntad regional en muchos momentos timorata; distorsionada en el tiempo de la alternancia presidencial del año 2000; y vergonzosamente corrompida por las élites políticas provinciales.
Con ese norte la ruta indicada es: repensemos nuestro federalismo para identificar con claridad sus debilidades y fortalezas; recuperar experiencias exitosas y frustraciones, las provenientes de i centro y de la periferia; señalar vacíos y contradicciones legales; trazar la re ingeniería jurídica que lo actualice y haga funcional para remontar los grandes atrasos que afectan a la población menos
Favorecida; resolver en definitiva el aspecto fiscal tantos años pospuesto; renovar los espacios permanentes de análisis, discusión y diálogo para la toma de decisiones comunes; y, muy importante, valorar la viabilidad y pertinencia del Senado con su actual composición, en tanto órgano depositario de la representación político-legislativa de las entidades federativas.
El listado de posibilidades abundará solo con revisar los procesos que durante las recientes décadas debilitaron la soberanía estadual arrebatándole facultades con la justificación de ese discurso que acusa incapacidad de las entidades federativas para resolver procesos exclusivos de sus organismos y ciudadanía. La materia electoral, y más reciente, la laboral, son los ejemplos mejor acabados de ese tratamiento de minoría de edad.
Hay retos importantes y urgentes para los estados, sus instituciones y autoridades. Anotemos tres en el ámbito de la seguridad: la interacción de la guardia nacional con las autoridades locales y municipales para el exitoso cumplimiento de sus objetivos; la homogeneidad en los procedimientos de búsqueda e identificación de personas desaparecidas que evite la dispersión de esfuerzos; y, la inminente construcción del Código Penal Nacional. En diverso espacio: el impulso al desarrollo de las zonas metropolitanas con dos o más estados; y el diseño de la vía para incentivar y conducir una política exterior propia de cada entidad que posibilite su inserción en la sociedad global de los negocios y el conocimiento científico y tecnológico.
Es tiempo de eliminar paternalismo e intromisión del poder nacional; igual la pasividad comodina y la aceptación sumisa de la provincia. El país no puede resolverse desde el paseo de la reforma, tampoco mediante excepciones fundadas en particularidades aldeanas. La mirada debe ser amplia, tanto como la extensión y diversidad del territorio nacional. Abramos el debate ya.
16/SEPTIEMBRE/2020