Raúl ARROYO
Nutrido y variado es el catálogo de calificativos para la primera consulta popular que se hará a las y los mexicanos el próximo domingo. Es una lástima que este inédito ejercicio de democracia participativa no esté marcado por el entusiasmo ciudadano ni enmarcado por un consenso mayoritario. Su primicia lo ameritaría. Será cimiente de nuevas fórmulas de participación política para la toma de grandes decisiones. Lamentablemente la coyuntura nubla la trascendencia de su naturaleza.
Se ha dicho de la consulta que es inútil, costosa, mentirosa, intrascendente, sin efectos, fantasiosa, engañosa, distractora, partidista, oficialista, demagógica, perversa, etc., siempre en referencia a su contenido e intención.
Su coincidencia con el desarrollo de la pandemia por el Covid-19 la hizo, eso sí, inoportuna en varios sentidos. Algunos son la preocupación en los temas de salud por el repentino vuelco a las etapas iniciales reflejado en las cifras de crecimiento del contagio. Otro, consecuente, es el relajamiento de las medidas de seguridad. Uno más, la vuelta a las actividades escolares de manera presencial. Y, por supuesto, la situación económica que muestra signos de recuperación y ya se percibe nuevamente amenazada con eventuales medidas restrictivas.
Influye, además, el desgaste del electorado por la reciente elección de junio y todas sus secuelas, antecedente que mina el interés participativo de la ciudadanía; en ese contexto la lejanía del segmento más joven, generacionalmente desconocedor del pasado referido en la pregunta que se le pide contestar frente a las urnas.
Ya veremos las mediciones respecto de cuanto pudieron influir en el resultado las opiniones jurídicas y mediáticas que provocó el mecanismo consultivo, incluidas las que analizaron la etapa de calificación responsabilidad de la Suprema Corte de Justicia, que concluyó con la sustitución de la pregunta original presentada por el titular del Ejecutivo por otra cuya redacción ha sido motivo de abundantes críticas.
A ese último aspecto me referiré enseguida. Pudiera parecer secundario, pero es de la mayor relevancia en un país tan diverso culturalmente como el nuestro. No exagero si digo que pudiera ser determinante la fórmula adoptada por la Corte en tanto resulte comprensible o no para la mayoría de quienes decidan responderla en las urnas. Resulta obligada la referencia al lenguaje claro.
Recién circula en estos días el libro Por el derecho a comprender (Siglo del Hombre Editores, Universidad de los Andes/Facultad de Derecho) donde se plantea que la eficiencia de las entidades se ve afectada por no saber comunicarse con los usuarios, lo que en Colombia motivó que organizaciones académicas e instituciones públicas y privadas crearan la Red de Lenguaje Claro llamada a contribuir a hacer realidad el presupuesto jurídico y político del derecho a comprender.
El abogado argentino Milton Hernán Kees, ha definido al derecho a comprender como ese derecho que tenemos las y los ciudadanos de poder decodificar por sí solos el contenido de las normas individuales o colectivas y, a su vez, una de las formas de realizar el debido proceso, subraya su condición de derecho, no de posibilidad, y afirma que si no pueden entender el qué y el porqué de las respuestas a sus demandas significa que el Estado está cercenando este derecho a comprender y fomentando la desconfianza generalizada que se extiende como un manto entre las instituciones republicanas.
Del también argentino Leonardo Altamirano, autor del prólogo del aquí referido libro, tomo lo siguiente:
Para evitar que el lenguaje legal se convierta en un obstáculo para el ejercicio de los derechos, en lugar de posibilitar su divulgación, no queda más alternativa que poner nuevamente en el centro de las preocupaciones a la comunidad, a los ciudadanos comunes y corrientes, a las personas de carne y hueso.
Y, más acorde con lo aquí tratado, la reflexión de la jurista colombiana Betsy Perafán Liévano, editora académica del mismo texto, en cuya presentación dice:
Para un efectivo ejercicio de la democracia, necesitamos entender los comunicados del Estado.
No soslayemos que el lenguaje utilizado para esta primera consulta mexicana resulte confuso para quienes decidirán con su voto su destino y por tanto sus consecuencias.
28/JULIO/2021